Interés y justificación en comisiones asignadas.

Comisión de Participación Ciudadana

Asumo este tema, por lo que respecta a la atención ciudadana, como una obligación de toda autoridad. Por lo que ve a la participación, como una dualidad, esto es, tanto como un derecho como una obligación ciudadana. La sociedad, en todos sus sectores, no debe mostrase indiferente a las decisiones de gobierno que les involucren; en cualquier cuestión, por ejemplo electoral, justicia, seguridad, educación, salud, etcétera. En mi vivencia personal, la participación ha sido una constante, desde integrar una asociación política, como representar un partido de esa índole; individualmente e institucionalmente he ejercido la participación, precisamente para involucrarme en temas de interés y beneficio colectivo. Ahora, desde mi encomienda legislativa, me encargaré de generar, difundir, fomentar, planear, ejecutar, incluso hacer respetar la participación ciudadana. Incluso, exhortar a las autoridades para que en ámbitos de su competencia, adopten los principios indicados sobre la participación ciudadana. Hacer realidad que la sociedad tenga acceso a las decisiones de gobierno que les atañen, de forma independiente, libre, respetuosa, a pesar de que no pertenezcan a una institución política o al propio gobierno. Como sostuve previo a rendir protesta como legisladora, y constituye convicción propia, no se puede hablar de democracia sin participación. Más si a ello se abona la paridad de género. Transitamos en el siglo de las mujeres. Solo así, se fortalece la cultura democrática. Incluso, si hay políticas globalizadas exitosas sobre participación ciudadana, por citar algunas el presupuesto participativo o el cabildo abierto. Puede proponerse su réplica en el Estado, concretamente la segunda en los municipios. Además, sobre el presupuesto participativo, en Querétaro ya se han escuchado voces a favor, por ejemplo del actual alcalde de esta ciudad, y de los diputados Betty Marmolejo o Agustín Dorantes, por citar a algunos, pero no se ha concretado. Será un logro que las opiniones de la ciudadanía impacten en las acciones de gobierno; y más si les causan beneficio. Ya estoy ocupada del análisis de la ley estatal respectiva (ley de participación ciudadana), y en su oportunidad presentaré mis propuestas para que, en su caso, esta legislatura pueda garantizar una eficaz y eficiente participación ciudadana.

Comisión de Presupuesto

Es de particular interés este tema, pues para que los órganos del Estado cumplan cabalmente sus atribuciones se requiere de una planeación presupuestaria basada en la responsabilidad y transparencia.

Que los recursos se asignen con responsabilidad. Debe seguirse una política de austeridad, pero ello no implica recortar recursos si son en beneficio de la sociedad y su aplicación es transparente.

Esa debe ser la directriz.

Así, la encomienda es de alta responsabilidad, y consistirá en la elaboración de dictámenes informes, opiniones, resoluciones o programas de trabajo, así como de investigación y acuerdos, a fin de que se cumplan las obligaciones al respecto, es decir, atender de manera responsable y transparente los asuntos en materia de legislación fiscal estatal y municipal, así como realizar el estudio y dictamen del presupuesto de egresos y las iniciativas de ley de ingresos del gobierno del Estado y Municipios.

Sin dejar de observar la posibilidad para realizar modificaciones al presupuesto de egresos de la legislatura y a las políticas y lineamientos relativos al empleo de los recursos asignados.

Comisión de Asuntos Indígenas

Merece especial interés la materia de esta Comisión, pues la legislatura, como cualquier otra autoridad, debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Es decir, los indígenas de este país son un grupo vulnerable cuya atención por el Estado debe atender a principios específicos de atención, por ejemplo en razón de sus usos y costumbres.

Incluso en asuntos donde se ven involucrados sus derechos, debe aplicarse un protocolo de actuación, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, debe brindarse una atención y tutela especial, diferenciada, como en el caso, por citar alguno, cuando se trata de menores o incapaces.

El estado está obligado a enaltecer y proteger nuestras raíces. Que precisamente son preservadas por la clase indígena.

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