Causa el mismo enfado, tanto en un ciudadano como en un servidor público, la difusión por medios electrónicos de posibles actos de corrupción por personal al servicio del Estado.

Genera sentimientos encontrados, porque mientras algunos nos encargamos en fortalecer las instituciones, ya sea desde la sociedad civil organizada en aras de fomentar la participación ciudadana o en gobierno, otros las denigran cínicamente con conductas posiblemente delictivas que son también difundidas irresponsablemente para desestabilizar el ambiente político.

Claro que son videograbaciones que deben esclarecerse, y merecen un deslinde oportuno y transparente de responsabilidades, así como la aplicación de eventuales sanciones.

Pero ello, no justifica su difusión irresponsable en medios electrónicos masivos, con el consecuente atropello de derechos constitucionales, por ejemplo el acceso a la justicia, de prosecución judicial, el debido proceso o la presunción de inocencia.

Es reprobable que las propias autoridades difundan las videograbaciones, o autoricen su reproducción. Para ello, existen cauces procedimentales previamente establecidos.

Debe prevalecer el interés público, pero con respeto a las instituciones que tanto han costado a los mexicanos.

Debemos pugnar incansablemente por el estado de derecho, pero también con respeto de derechos humanos.

No hay que confundir lo político con lo jurídico, son cuestiones que ocupan el esclarecimiento de sus conflictos por senderos distintos.

Nadie está por encima de la ley, y no se deben tolerar actos posiblemente constitutivos de delito, menos si son imputados a un servidor público.

Nuestra sociedad está cansada de la corrupción. También es corrupción evidenciar conductas delictivas por medios electrónicos, y no por cauces legales establecidos para ello, en los que se respeten los derechos de todos.

Ma. Concepción Herrera Martínez.

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